El funcionario admitió que dicto los importes y conceptos por lo que percibía el 30% en metálico de las facturas falsas a 6 empleados. Alude a un acuerdo de su cómplice con otro proveedor.
Las facturas falsas no eran siempre por el mismo informe. Estas facturas, que servían para «pillar pellizcos» pactados entre el cajero de la Subdelegación de Castellón, Vicente G.M., y otros proveedores de la institución tenían diferentes importes. Igual que ocurría con el concepto a facturar, todo de manera ficticia. Y todo urgido por parte del funcionario habilitado para los pagos que lo establecía «en función del presupuesto trimestral de cada momento». Concretamente, en la declaración ante el juez el 22 de marzo aclaró que todo dependía de «la consignación y de la cantidad de que se disponía en caja».
Después de que el empresario facturara con conceptos ficticios o lo hiciera hinchando los importes, era el cajero el que «ordenaba una transferencia bancaria» por ese importe, aunque en algunos casos hubo pagos en mano ya que, según ha comentado, «algunos pedían que se les pagara en metálico». Tal y como explicó el cajero, a continuación llamaba al cómplice que le entregaba al funcionario en metálico un «porcentaje relativo a lo que no habían suministrado».
Durante la comparecencia, ha sostenido que esos «pellizcos» pactados correspondían al reparto del 30% del importe para el cajero de la Subdelegación del Gobierno y un 70% para el empresario implicado. Excepto en un caso, con Vicente G.M., ebanista, que tuvo que ser una comisión de un 20%.
La mecánica que explicó es la que ha seguido el funcionario durante diez año, y que ahora, después de estar al frente de la caja de la Subdelegación de Castellón de 2007 a 2017, se le investiga según determinó el juez en la declaración del 22 de marzo.
Ha explicado que «operó en connivencia» con dos empresas de papelería, un taller de automóviles, el ebanista, una tienda de electrodomésticos y una empresa de neumáticos.
Además, en su declaración no aclaró si su «compañero y amigo», imputado en la causa, Jaime A.M., se ha beneficiado o no de un porcentaje de las facturas, sobre todo de las que tiene que ver con el ebanista, ya que este proveedor fue uno de los que le «acercó» él y del que le aseguró que no conocía «en persona». Esa fue la respuesta que dio semanas antes el pequeño empresario al preguntarle si los conocía o podía aportar facturas en las que existiera que solo había cobrado el 20% de la base imponible de las facturas falsas.
Aún así, Vicente G.M. ha afirmado que todos los proveedores entendían los «pellizcos» y que nadie le preguntaba el destino de esa cantidad restante, algo que comentó era para «uso personal porque tenía un problema».
Tras la actuación del Abogado del Estado, este le pidió que dijera el motivo por el que había malversado unos 180.000 euros, descontada la cuantía del repostaje de los cuatro coches con una tarjeta del parque móvil oficial de la Subdelegación, reparaciones de talleres pagadas con dinero público, etc. a lo que el imputado no quiso pronunciarse más al respecto en cuanto a ese tema para evitar «que saliera en la prensa».
Fuente: ElMundo.