Este miércoles la Audiencia Nacional dejó en libertad a Sandro Rosell y su socio Joan Besolí pero con medidas cautelares. El ex presidente del Barça estuvo preso desde el año 2017 específicamente desde el mes de mayo. No se le había permitido su libertad condicional ya que existía un riesgo de fuga pero luego de dos años la Sala de lo Penal afirmó que tal riesgo ya no existe por lo que cedieron a la perdición de las defensas.
Dentro de la decisión cautelar la cual se llevó a cabo en el mismo juicio tiene ciertas medidas, entre las cuales están la retirada del pasaporte y comparecencia ante las autoridades dos veces al mes, pero nunca se mostró que debían pagar una fianza por ello.
La Sala de lo Penal basó su decisión en las alegaciones y todas las pruebas presentadas por la defensa y de igual manera se tomó en cuenta el tiempo que estos tenían en prisión el cual ya superó los 21 meses que es cercano a los 2 años que demanda la ley.
Por otra parte, el tribunal argumenta que a pesar de que Rosell y Besolí ya llevaban 22 meses bajo prisión eso no deja en entredicho su imparcialidad, ya que si hasta ahora no habían podido salir de la cárcel, es porque habían riesgos de fuga por parte de los demandados, y era necesario que pudieran comparecer en el juicio, partiendo de la premisa jurídica y una base fáctica la cual es consolidada por antecedentes procesales.
Con referente a las medidas cautelares, la Sala de lo Penal impuso a los dos una fijación de domicilio en España, con teléfonos de contacto y una retirada de los pasaportes de ambos. Además que deben comparecer ante el tribunal el primer y tercer lunes de cada mes y de ser necesario la cantidad de veces que sea necesario.
La Fiscalía demanda 11 años de Cárcel
Desde la primera sesión, la cual se celebró el día lunes, su abogado criticó que estos llevan más tiempo tras las rejas que los acusados de “La Manada” lo cual veja no solo su libertad personal, sino también el derecho que cada uno de ellos tiene a la legítima defensa, el derecho a un juez imparcial y también a la presunción de inocencia.
Pau Molins sugirió que Rosell debe poner bajo fianza su patrimonio de 30 millones para que este pueda quedar en libertad. Además en los últimos meses, el ex presidente del Barça ya había solicitado a la Audiencia Nacional poder salir en libertad, pero dicha petición fue rechazada por las partes alegando que había un riesgo de fuga y destrucción de pruebas.
En el caso de Besolí el tribunal dio la misma respuesta que con el caso de Rosell, ya que estos afirman que ambos operan dentro de un grupo organizado de personas que están siendo investigadas en países como Andorra, Suiza y Estados Unidos.
El Ministerio Público hizo la solicitud de una multa de 59 millones de Euros y 11 años de prisión para Rosell ya que este se consideró como líder de una organización criminal durante los años 2006 y 2011. Hizo un blanqueo de capital de más de 20 millones de euros del que fuera presidente de la Confederación Brasileña de Futbol, Ricardo Terra.
Junto a Rosell, se encuentra una mujer llamada Marta Pineda, su socio Joan Besolí y también su cuñado Antonio Ramos, su testaferro Sahe Ohanessian y un gran amigo José Colomery.
En el escrito de acusación se puede apreciar que los 6 crearon una estructura reforzada por vínculos de amistas y parentesco el cual tenía como fin único ganar beneficios económicos aun por encima de los riesgos que tenían con esta ilícita actividad.
Cabe destacar que en la declaración presentada el día martes, Rosell se negó rotundamente a dar respuesta al Ministerio Público, alegando que el escrito presentado por parte de la fiscalía presentaba errores y falsedades las cuales él no iba a contestar.
Además Rosell se limitó a dar respuesta sólo a las preguntas hechas por su abogado y en dichas respuestas mencionó 3 supuestas operaciones de blanqueo de capital que mencionó la fiscalía, la de Uptrend Development, sociedad en donde participaban Rosell y Besolí, la cual además era la intermediaria en los contratos que se hacían sobre derechos de audiovisuales para la emición de partidos de Brasil y la de Bonus Sport Marketing que era la empresa de Rosell y su mujer la cual con un capital de 4000 euros fue comprada en el año 2011 por una mercantil libanesa por más de 13.5 millones de euros.
Bonus Sport Marketing es la empresa fue la que giró en torno al contrato hecho por la Nike para el patrocinio de la Confederación de Futbol de Brasil.
En ambos casos Rosell afirmó que no hubo comisiones legales ni ilegales, sino que solo existieron retribuciones a su empresa, alegando además que dicha investigación fue hecha durante su mandato como presidente del Barça. El afirmó en el juicio que no tenía nada que esconder y que él era inocente de los cargos que se les acusaban. Y que por dicha razón él se defendería y que podría su patrimonio como garantía de ello.